- Se inicia la tramitación parlamentaria de la
norma que consolida la gestión directa como modalidad
preferente en la prestación sanitaria y deroga la Ley
15/1997, que abrió la puerta a nuevas formas de
gestión privada del sistema sanitario. - El texto regula el uso excepcional de fórmulas
de gestión indirecta, que requerirán obligatoriamente
una evaluación previa por comités
técnicos. - La ley refuerza la transparencia y la rendición
de cuentas, obligando a la publicación periódica de
indicadores de salud y calidad de los servicios. - Se establecen mecanismos de asesoramiento a
través de la Alta Inspección para las comunidades
autónomas que decidan iniciar procesos de reversión a
la gestión pública. - La norma prohíbe los contratos donde una empresa
privada asuma tanto la construcción de infraestructuras como
la gestión de la prestación sanitaria.
