- Se reconocen derechos específicos de
participación, información y representación
institucional ante la Administración General del
Estado. - Ocho representantes de las organizaciones de pacientes
pasarán a formar parte del Comité Consultivo del
Sistema Nacional de Salud. - Se impulsa un marco estable de colaboración con
la Administración que refuerza la transparencia, la
independencia y la capacidad de actuación de las
organizaciones de pacientes.
