Se refuerzan las garantías sobre el
consentimiento informado, los apoyos para tomar decisiones y las
voluntades anticipadas cuando la persona no puede decidir en un
momento de crisis.
En caso de ingreso involuntario urgente, exige dejar
constancia en la historia clínica de las alternativas
voluntarias agotadas y de la información facilitada al
paciente sobre sus derechos.
El Gobierno deberá presentar en un plazo
máximo de un año un proyecto de ley orgánica
para reformar el procedimiento judicial de los internamientos
involuntarios para adaptarse a este marco.
