El acuerdo establece criterios clínicos comunes
y un mapa de derivaciones para garantizar el acceso al tratamiento,
con independencia de la comunidad autónoma de
residencia.
Un registro único coordinará las
solicitudes y recogerá información sobre los
tratamientos y la evolución de los pacientes para evaluar
sus resultados.
La implantación prevé dos equipos en
funcionamiento en el primer trimestre de 2027, dos más en el
primer trimestre de 2028 y once en total entre finales de 2028 y
principios de 2029.
