- El secretario de Estado de Sanidad ha remitido una
carta a las comunidades autónomas para insistir en la
necesidad de garantizar el acceso equitativo y efectivo a la
interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad
pública. - Sanidad elaborará un informe sobre la
aplicación autonómica de la ley que podría
derivar en acciones legales si no se garantiza el acceso
según la normativa. La Alta Inspección
requerirá información a las autonomías que
incurran en incumplimiento.
